En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Paula González, acusó a dos hermanos, H.J.V y J.E.V, por los delitos de abuso de arma de fuego y daño. Además, a uno de ellos le atribuyó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Todos los hechos ocurrieron en la ciudad de Centenario.
Los delitos por los cuales la fiscalía imputó a los acusados fueron, en el caso de H.J.V, abuso de armas y daño en concurso real y en carácter de autor, y abuso de armas y daño en concurso real y en carácter de partícipe necesario. En relación al otro, tenencia de arma de fuego de uso civil en carácter de autor y abuso de arma de fuego y daño en concurso real y en carácter de autor.
La teoría del caso que presentó la fiscal González fue que el 21 de febrero de 2022 cerca de las 19.30, le disparó a un hombre utilizando un arma de fuego. La víctima se encontraba en la vereda de su casa, ubicada en un barrio de la ciudad de Centenario. Producto de las detonaciones no hubo lesionados, pero sí daños en una vivienda y una camioneta que estaba estacionada. El hecho, se originó a raíz de una discusión previa en una fiesta clandestina realizada dos días antes, también en Centenario y a donde habían concurrido el imputado y su hermano.
En el marco del a investigación del caso, se realizó un allanamiento en la casa de J.E.V donde los efectivos policiales encontraron un arma de fuego calibre 22 tipo carabina con cargador y municiones, apta para producir disparos. Además, la representante de la fiscalía detalló que el 18 de abril de 2022 cerca de las 15:00 este circulaba a bordo de una motocicleta conducida por el otro sujeto y en cercanías de las calles Alfonsina Storni y Ecuador de la ciudad de Centenario le disparó un arma de fuego contra un vehículo en el que se trasladaban dos personas con las que tenían un conflicto anterior de larga data.
Producto de las detonaciones, el automóvil recibió al menos tres disparos que dañaron la luneta, una puerta y un apoya cabezas. La representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se les prohíba a los acusados acercarse a las víctimas o mantener contacto con por cualquier tipo de medio, con el objetivo de resguardar su integridad.
El abogado particular que intervino como querellante en representación de las dos víctimas de uno de los hechos, adhirió a lo detallado y solicitado por la fiscalía.
El juez de garantías que estuvo a cargo de la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía y dio por formulados los cargos. Además, el magistrado fijó el plazo para realizar la investigación en cuatro meses y, por el mismo plazo, fijó la prohibición de acercamiento.
